Proceso a Saddam, la venganza de los vencedores

Por Danilo Zolo *

Como estaba previsto, Saddam Hussein fue condenado a muerte junto a tres de sus más directos colaboradores. La sentencia fue dictada por el Tribunal especial iraquí, establecido en diciembre de 2003 por las fuerzas ocupantes angloamericanas. Los jueces habían sido designados, en su mayoría, por el Gobierno provisorio de Irak, a las órdenes del “procónsul” americano Paul Bremen. El Estatuto del tribunal había sido redactado por juristas estadounidenses.-

El ex presidente iraquí fue considerado culpable de crímenes contra la humanidad. Por ello, será ajusticiado dentro de algunos meses, si, como es muy probable, la corte de apelación confirma la sentencia. El único elemento de incertidumbre lo constituía la alternativa entre el ahorcamiento y el fusilamiento. Ahora sabemos que Saddam terminará en la horca, como un criminal común, y que no será fusilado como él solicita con orgullo.-

Son muchos, no sólo en Occidente (véase lo que ocurre en Irán), los que aplauden la condena ejemplar, comenzando por George W. Bush, listo para exhibirla en las elecciones. Se ha hecho justicia, se proclama, gracias a un nuevo “Tribunal de Nuremberg”, que está revelando al mundo los crímenes de un dictador despiadado y que pretende sancionarlos. Y será –se sostiene– también un paso adelante hacia la “pacificación y la reconstrucción democrática de un país que las fuerzas armadas angloamericanas han liberado de un régimen despótico y sanguinario”. Occidente, espectador del ocaso de su civilidad jurídica, se divide. Naturalmente, y esto es bueno, la Unión europea –incluso con Tony Blair– se dice contraria a la pena de muerte. Pero es silenciosa, cuando no partícipe, sobre la naturaleza “soberana” del proceso, como descaradamente hace el presidente ruso Putin. Entre aquellos que parecen participar, aun recordando claramente “la oposición de los italianos a la pena de muerte” y el desastre que se producirá en Irak, se encuentra el ministro del exterior italiano, Massimo D’Alema. En un comunicado difundido por la Farnesina, declaró sobre el proceso que se trató de “una decisión tomada por un órgano judicial en un país que tiene un gobierno y un parlamento elegidos democráticamente, y que, por lo tanto, decide de manera autónoma también sobre la propia legislación en materia penal”. Y agregó que “la condena para quien se ha manchado de horrendos crímenes contra la humanidad debe ser clara, severa e inflexible”.-

Es cierto que no se puede negar que el ex dictador iraquí y sus principales colaboradores merecen ser procesados por el pueblo iraquí y juzgados severamente. Y para hacerlo era necesario un tribunal especial. Pero este tribunal, deseado, organizado y financiado por los Estados Unidos, va mucho más allá de la anormalidad jurídica de cualquier corte especial. El tribunal ejercita su jurisdicción sobre la base de figuras delictivas que no estaban previstas por el derecho iraquí y que fueron introducidas en el Estatuto sólo para permitir la incriminación y la condena a muerte del ex dictador. Los derechos de defensa han sido gravemente limitados y se ha violado también el principio nulla culpa sine judicio, que exige una rigurosa presunción de inocencia a favor del imputado. El ex presidente se encuentra todavía prisionero en un lugar secreto, en manos de las milicias estadounidenses que lo capturaron y sometieron a pesados interrogatorios. Estas graves distorsiones dependen de la voluntad de los Estados Unidos de rechazar la jurisdicción penal internacional y de servirse de un tribunal iraquí operante bajo su estricto control. Hay, por lo tanto, muchas razones para poner en duda la legalidad internacional, la legitimidad política y la independencia de este Tribunal, instituido en el contexto de una ocupación militar y por voluntad de las potencias ocupantes, en violación de la cuarta Convención de Ginebra. No por casualidad la sentencia ha sido considerada por Amnesty como un “negocio sucio”.-

Es natural que el pueblo iraquí –no sólo el componente sunita– perciba esta condena no como una expresión de la propia soberanía, sino, antes bien, como una farsa judicial deseada por los Estados Unidos. Las extraordinarias medidas de seguridad decididas por el gobierno de Bagdad son un indicador elocuente de ello. Y los Estados Unidos no tienen los papeles en regla para erigirse en paladines de la causa de los derechos humanos. Bastaría recordar las infamias de Guantánamo, Abu Graib y Fallujah, y no olvidar que los Estados Unidos han sido cómplices de Saddam Hussein en la guerra contra Irán y que han ocultado sus gravísimos crímenes, incluso la masacre de los kurdos con el uso de gas en Halabja, en 1988. Este proceso es una farsa judicial tanto más grotesca si se tiene en cuenta que los Estados Unidos se rehúsan a reconocer la Corte Penal Internacional, frente a la cual los actuales líderes republicanos deberían responder por los crímenes cometidos al desatar la “guerra preventiva” contra Irak.-

También esta vez, y mucho más gravemente que en Nuremberg y Tokio, la justicia ha sido alterada profundamente. En realidad, ha sido una rendición de cuentas, un arreglo de cuestiones pendientes, la venganza de los vencedores sobre los vencidos. Ha sido una teatralización propagandista de la justicia, con la única finalidad de cubrir las cosas mal hechas por los vencedores. Pero el derramamiento ritual de la sangre de Saddam Hussein no ofrecerá contribución alguna a la pacificación de Irak y a la legitimación del nuevo orden “democráctico”: alimentará el odio, la violencia y el terror, en una guerra cada vez más despiadada y cruenta.-

(*) Traducción de Nicolás Guzmán. Publicado originalmente en italiano en "Il Manifesto" del 07/11/2006. www.eldial.com, Suplemento de Derecho Penal del Dr. Fernando Díaz Cantón.