Texto de la querella presentada en Argentina contra el genocidio franquista

Presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. En la conferencia de prensa estuvieron muchos de los querellantes: el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela Barnes de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Horacio Verbitsky por el CELS, entre muchos más. Estaban presentes los abogados responsables de la querella: Carlos Slepoy, Ana Messuti, David Baigún, Beniuz Szmuckler, Ricardo Huñis y Máximo Castex.

Es la primera causa abierta en América Latina bajo los principios de jurisdicción universal. De acuerdo con estos y a fin de poner término a la impunidad, cuando los delitos de lesa Humanidad, genocidio y crímenes de guerra no pueden o no quieren enjuiciarlos los Tribunales de los países donde se cometieron, pueden hacerlo los Tribunales que en otro país tengan conferida jurisdicción.

En España, hasta hoy y desde la insurrección el 17 de julio de 1936 de una fracción de las FFAA contra la Constitución y las Instituciones democráticas, TODOS los Tribunales mantienen cerradas sus puertas a las víctimas de la sistemática y generalizada destrucción de grupo nacional de españoles que los insurrectos decidieron destruir como grupo nacional diferenciado en valores culturales, sociales, políticos, civilizatorios, etc. Hasta el 15 de junio de 1977 sumaban más de trescientas mil (300.000) ejecuciones; más de ciento diez mil (110.000) desapariciones forzadas identificadas; confiscación de bienes, privación de la libertad a unos tres millones cuatrocientas mil (3.400.000) en campos de muerte, torturas, trabajos forzados, cárceles, identificados; más de treinta mil niños (30.000) sustraídos a sus padres biológicos y entregados a familias que apoyaron la insurrección antidemocrática, con identidades alteradas hasta hoy; desplazamiento de más de medio millón de otros ciudadanos, forzados al exilio. Todos estos delitos siguen impunes.

Al primer Juez que abrió su Juzgado a la denuncia de estos crímenes, D. Baltasar Garzón (Auto de 16 de octubre de 2008), el Tribunal superior le ordenó el 2 de diciembre de 2008 no continuar la investigación de estos delitos y desde entonces es objeto de una persecución para destruirle, a su vez.

Texto completo de la querella presentada en los juzgados de Buenos Aires el 14 de abril de 2010.

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Miguel Angel Rodriguez Arias: ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’

Conferencia de Miguel Angel Rodriguez Arias en Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha) el 15 de diciembre de 2009, en el marco del coloquio ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’.

Coloquio sobre justicia Universal y memoria histórica - Intervención de Miguel Ángel Rodriguez from mmcal on Vimeo.

Emilio Silva: ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’

Conferencia de Emilio Silva en Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha) el 15 de diciembre de 2009, en el marco del coloquio ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’.

Coloquio sobre justicia Universal y memoria histórica - Intervención de Emilio Silva from mmcal on Vimeo.

Joan Garcés: ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’

Conferencia de Joan E. Garcés en Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha) el 15 de diciembre de 2009, en el marco del coloquio ‘Jurisdicción Universal y Memoria Histórica: La reforma y sus descontentos’.

Coloquio sobre justicia Universal y Memoria histórica - Intervención de Joan Garcés from mmcal on Vimeo.

De impunidad y lealtades. Por Joan E. Garcés.

El principio de jurisdicción universal es una aportación de juristas españoles en el desarrollo del debate que suscita Bartolomé de las Casas por los crímenes, hoy llamados de lesa humanidad, cometidos por algunos españoles en América. Diego de Covarrubias es el primero en sostener en su Practicarum quaestionum (Salamanca, 1556) que el autor de algunos delitos muy graves puede ser perseguido en el Estado donde los comete y también en el que se refugia, quien debe detenerlo y extraditarlo o juzgarlo él mismo. En la célebre controversia de Valladolid (1550-1551), Covarrubias apoyó a De las Casas frente a Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios no tenían derechos y se les podía someter a los más crueles tratos impunemente. Carlos V, y antes Fernando el Católico, respaldaron a De las Casas.

La deshumanización de la víctima es respecto del delito contra la humanidad lo que la ausencia de tribunales respecto de la impunidad, una premisa. Crímenes sistemáticos y generalizados fueron cometidos entre 1933 y 1945 por un Estado cuyos jueces juraron lealtad al führer Hitler y al partido único, mientras cerraban a las víctimas las puertas de los tribunales. En España, tropas insurrectas apoyadas por el führer y el duce Mussolini ocuparon el 1 de abril de 1939 el Tribunal Supremo, expulsaron a la magistratura profesional subordinada a la Constitución y la reemplazaron por jueces que prestaran juramento incondicional al caudillo y a los principios del partido único.

En la actual Alemania, todos los poderes (Ejecutivo, Parlamento, tribunales) han terminado por condenar el "delito legalizado" (gesetzliches Unrecht) del anterior régimen; las leyes de 25 de agosto de 1998 y del 23 de julio de 2002 aprobaron "eliminar" las sentencias injustas dictadas a partir del 30 de junio de 1933 por jueces que, al pronunciarlas, participaban en "crímenes del Gobierno" (Regierungskriminalität) y "la impunidad objetiva entonces reinante".

En España, en 1985, una nueva ley del Poder Judicial estableció que los jueces son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos solamente a la Constitución y al imperio de la ley". Antes, el 30 de abril de 1977, se incorporó al sistema legal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo artículo 15 (2) admite la aplicación retroactiva de la ley penal a los delitos contra los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional". Sin embargo, la realidad es que hasta hoy ningún fiscal ni sala de justicia ha investigado los delitos de esa naturaleza cometidos desde el 1 de abril de 1939. Y cuando el 16 de octubre de 2008 un juez de instrucción inició una primera

investigación, la Fiscalía del Estado pidió detenerla de inmediato, y la Audiencia Nacional se lo ordenó por una vía que niega la independencia del juez (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección España).

En mayo de 2009 es el Tribunal Supremo quien somete a proceso al juez, a petición de personas de profesa lealtad a los principios del caudillo que piden removerlo de sus funciones. En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobaba una reforma legal dirigida a trabar, a su vez, la investigación de delitos internacionales cometidos fuera de España.

Estas acciones son regresivas y recorren un sendero de denegación de justicia. En Alemania, los nietos de las víctimas del führerprinzip (sumisión al jefe) y de quienes juraron lealtad a éste se han reencontrado, no sin dificultades, en un solo Estado en el que se aplican las normas penales internacionales. En España el desencuentro persiste, rigen las mismas normas pero no se aplican. Sin embargo, a diferencia de lo que les ocurrió a sus abuelos, los españoles hoy tienen abiertas las puertas de tribunales fuera de España dispuestos a oír su petición de justicia.

Al ratificar convenios como los de Ginebra de 1949 y otros, los Estados de las Naciones Unidas (entre ellos España) han asumido el deber de perseguir en sus tribunales internos los crímenes de guerra bajo los principios de la jurisdicción universal absoluta, es decir, cualquiera sea el país donde han sido cometidos, la nacionalidad de la víctima y del autor o el país donde éste se encuentra al iniciarse el proceso.

Entre más de 500 jueces en ejercicio en España, sólo seis tienen competencia en esa materia, y los casos abiertos suponen el 0,3% del total que les ocupa.

En Alemania y Francia, por hablar de países próximos, los principios de jurisdicción universal rigen en plenitud, contrariamente a lo que pretende la reforma legal que se apresta a votar el Senado español. A través de medios procesales distintos, en ambos países los resultados son equivalentes a los de la norma aún vigente en España.

La ley alemana no requiere que el inculpado se halle necesariamente presente en el territorio nacional cuando se inicia la investigación o se ordena su detención. El particular denunciante puede exigir a la fiscalía que ejercite la acción penal, y si se niega puede apelar ante un tribunal en cada Estado federal. En España es el tribunal quien controla el proceso desde su inicio, con la participación del fiscal y las otras partes.

En la ley francesa cabe el juicio en rebeldía, incluso cuando la víctima del delito es un francés en territorio extranjero. Hace una excepción con la jurisdicción universal y requiere la presencia del acusado en Francia al inicio del proceso. En España y Alemania no cabe un juicio en rebeldía y no se establece tal requisito.

En Alemania y Francia los particulares no pueden ejercitar la acción penal. En España sí, pero nuestros tribunales disponen de medios legales para rechazar demandas frívolas. Decenas han sido inadmitidas a trámite.

¿Podría causar molestias ejecutar una orden de detención europea emitida por un juez español contra alguna personalidad de un Gobierno extranjero de paso por Alemania o Francia? Ambos países las evitan con el expediente legal de advertir al interesado que viaje con pasaporte diplomático.

Así lo hizo Alemania en abril de 2008 en el caso de Rose Kabuye, reclamada desde 1996 por un juez francés por complicidad en el atentado del año 1994 en Ruanda contra el presidente de Ruanda que inicia el genocidio de ruandeses contra ruandeses.

Por su parte, la inmensa mayoría de los españoles ha apoyado a las instituciones del Estado cuando han actuado en conformidad con el derecho internacional, incluso frente a la principal potencia mundial (Irak es un caso actual).

Aplicar el derecho internacional por tribunales nacionales independientes e imparciales forma parte, también, de las relaciones internacionales, no sólo el envío de tropas, y es incomparablemente menos gravoso en recursos humanos, financieros y eventuales consecuencias no deseadas.

En conclusión: no resisten el análisis los motivos que se dan para tratar de acabar precipitadamente con la jurisdicción universal en España.

Joan E. Garcés es sociólogo y abogado. Fue el principal asesor del Presidente chileno Salvador Allende. En 1999 recibió en el Parlamento sueco el Rightlivelihood Foundation Award (Nobel alternativo).

La impunidad del franquismo. Por José Saramago.

Publicado en EL PAÍS, 16 de Septiembre de 2009.

Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.

La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.

Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.

Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.

Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.

Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.

Esa obligación de perseguiry castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.

España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".

El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.

Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.

Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.

La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".

No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".

Firman este artículo José Saramago, Premio Nobel; José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático.

Juan Gelman nos advierte de los "organizadores del olvido".

El Ministerio de Cultura español promovió el Primer Encuentro Internacional de Memoria Histórica en la Universidad de Salamanca, la misma donde Miguel de Unamuno enfrentó al dirigente franquista Millán de Astray cuando éste entró a los claustros pistola en mano gritando “Viva la muerte, abajo la inteligencia”. En esa reunión, de la que participaron delegaciones de Chile, Argentina, República Dominicana, Portugal y Alemania, el poeta y columnista de Página/12 fue el encargado de realizar la conferencia inaugural sobre “el imperativo moral de la memoria colectiva”.

“El infierno no termina al cerrarse las puertas del campo de concentración”

Por Juan Gelman.

Soy padre de un hijo de 20 años secuestrado, torturado, asesinado en 1976 por la más reciente dictadura militar argentina, que también desapareció sus restos. Fueron hallados, gracias a la infatigable labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, 13 años después. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Sigue desaparecida y su hija fue entregada a un policía de matrimonio estéril. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida y que mi mujer, Mara La Madrid, que no es la madre de mis hijos, y yo buscamos y encontramos al cabo de una larga investigación. Nada de esto hubiera sido posible sin el testimonio oral de sobrevivientes uruguayos y argentinos, sin expedientes judiciales y aun militares, sin ese archivo tan particular que es el banco de datos sanguíneos de familiares de desaparecidos del Hospital Durand de Buenos Aires, sin una campaña internacional de denuncia que tuvo la solidaridad de decenas de miles de poetas, escritores, artistas y gente de a pie de 122 países, sin libros, sin documentos, sin Internet, sin videos y, sobre todo, sin la voluntad imperiosa de encontrar la verdad.

Hablo desde la experiencia argentina. ¿Por dónde empezar? ¿Por la madre de un desaparecido que año tras año y día tras día arreglaba el cuarto de su hijo y a la noche le preparaba la sopa que él solía tomar al regreso del trabajo? La sopa se enfriaba en la mesa sin remedio. ¿Por el sueño de la hija de una desaparecida? Este sueño: “Mamá vive en el departamento de la calle 47. Voy a visitarla. Tengo miedo de que me abrace y al hacerlo se convierta en fantasma”. Ha pasado mucho tiempo desde la de-saparición de ese hijo y de esa madre, pero no hay final del duelo todavía. No lo habrá mientras no se encuentren sus restos y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No lo habrá mientras esa madre y esa hija no sepan toda la verdad sobre su sufrimiento. No lo habrá mientras esa verdad no conduzca a la Justicia.

El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y los hornos se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno militar en la Argentina y centenares de miles de personas –hijos, padres, hermanos, familiares, amigos de los desaparecidos– viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria y no hay modo de apagar. “Desde entonces, a una hora incierta/esa agonía vuelve/y hasta que mi cuento espantoso sea contado/mi corazón sigue quemándose en mí”, dice el viejo marinero de un poema de Coleridge que recordó Primo Levi. Para muchos argentinos, uruguayos, chilenos, centroamericanos y nacionales de tantas otras latitudes del mundo esa estrofa poética es vida real y quema cada día.

“En nuestro país el olvido corre más ligero que la Historia”, dijo el escritor Adolfo Bioy Casares. Pues no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido. “¿Para qué renovar las penas? –dice Ismene a Edipo–. El dolor se sufre al recibir las penas y se vuelve a sufrir al recordarlas.” El Día de Muertos, el pueblo mexicano acude a los cementerios, se sienta alrededor de sus difuntos, toca la guitarra y les canta, les pide que sigan muriendo en paz y que dejen en paz a los vivos para que los recuerden sin terrores. Pero los familiares de los desaparecidos no tienen dónde hablarles y ellos son fantasmas inciertos que vuelven a doler en la memoria.

“Los padres quedaron sin hijos y no terminan sus quejas. Conocen al fin cuál es el dolor total sin remedio”, dice Esquilo. ¿Cada recuerdo trae un dolor que se amontona, capa sobre capa, y se convierte en una geología del dolor? ¿Es posible dialogar con el dolor, fingir que tiene rostro y que no es una potencia que viene y va y protesta contra la muerte del ser querido y le da cuerpo y la afirma negándola? ¿La locura sería la última puerta del dolor, una manera de convertirse en dolor para no padecerlo y desaparecer en el dolor? ¿No será ésa una forma de fundirse con la víctima y así morir con ella? Los familiares de los desaparecidos están en otro lugar. “Un loco, solamente un loco que perdió la mente olvidar puede la muerte de su padre”, dice Electra. O la muerte de un hijo. No es ésa la locura de los familiares: su única “locura” consiste en exigir verdad para las víctimas y justicia para los victimarios. Es un camino lleno de obstáculos con los que se tropieza día a día. Los comisarios del olvido tienen recursos y conocen su trabajo.

Un pacto de silencio sella la boca de los militares argentinos, con pocas excepciones. Cuando sus camaradas conocen que alguno está dispuesto a hablar, lo callan con una buena dosis de cianuro: le ocurrió al prefecto naval Héctor Febres, a punto de ser condenado por los crímenes que cometió durante la dictadura militar. O desaparecen a testigos importantes de los juicios por delitos de lesa humanidad, como desaparecieron a Julio López, para agitar el miedo en las víctimas testimoniantes. La policía facilita la huida del represor atrapado o quema archivos de sus operaciones. La jerarquía de la Iglesia Católica argentina que, a diferencia de la chilena, santificó la matanza –un obispo del Vicariato llegó a decir “cuando hay derramamiento de sangre, hay redención”–, la jerarquía de la Iglesia Católica argentina, que ordenó tranquilizar a militares desasosegados porque venían de tirar prisioneros vivos al océano, se niega a abrir sus muy prolijos archivos de la época, que permitirían recuperar al menos los restos de numerosos desaparecidos.

Ciertos jueces, ciertos fiscales y ciertas instancias judiciales como la Corte de Casación argentina encajonan procesos contra los represores, quienes pueden quedar en libertad por la falta de sentencia. Y lo peor, verdaderamente lo peor, es la perversión que mancha a sectores políticos y sociales que, de un modo o de otro, por acción o por omisión, fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben y niegan al Otro lo que saben. Y luego, por qué omitirlo, la actitud pasiva de ciertos familiares que, ante todo por falta de medios, y luego por desánimo, cansancio, resignación, desesperanza o temor, todavía temor, depositan su no hacer en los organismos de derechos humanos. Y también, por qué omitirlo, ciertos organismos argentinos de derechos humanos que burocratizan el dolor o militan contra la búsqueda de los restos de los desaparecidos “para que sigan con sus compañeritos”. Así hacen tabla rasa de la historia personal de las víctimas y del lugar que ocuparon en la historia. Es la continuidad civil, bajo otras formas, del pensamiento militar.

La voluntad de corregir la memoria, como es notorio, viene de muy lejos. En el siglo V antes de Cristo, la sangrienta oligarquía de los Treinta prohibió en Atenas por decreto recordar la derrota militar que le infligiera Esparta. Cada ciudadano fue obligado a pronunciar el juramento “No recordaré las desgracias”. Pasan los siglos y los vencedores siguen reorganizando el pasado a voluntad. En el año de gracia de 1040 el monje Arnold von Saint Emmeram explicaba así el método que había elegido para escribir la historia del ducado de Baviera: “No sólo es pertinente que las nuevas cosas modifiquen las viejas; también es correcto, si las viejas son desordenadas, el de-secharlas por completo, e incluso, aunque estén bien ordenadas pero sean poco útiles, el enterrarlas con reverencia”. La voz de los vencidos es “desordenada y poco útil” en los manuales de historia al uso, cuyo marco de referencia esencial es el Estado. Numerosas víctimas de crímenes contra la humanidad fueron y son carne de olvido, “ese acuerdo con aquello que se oculta”, al decir de Blanchot. Los que falsifican la historia así, falsifican la vida y están presentes y activas las antiguas herencias de nuestra tan moderna, o posmoderna, civilización occidental, en la que los extraordinarios avances tecnológicos conviven o malviven codo a codo con genocidios nunca vistos.

Proliferan las teorías sobre la historia como relato y otras sobre todo lo contrario. De lo primero hay pruebas más que suficientes, algunas francamente ridículas. La historia del Partido Comunista soviético ha sufrido continuos liftings con el correr del tiempo y se convirtió en un acto de predicción del pasado. Es famosa la fotografía del estado mayor bolchevique tomada días después del triunfo de la Revolución Rusa, con Lenin en el centro, a su derecha una escalera y luego Stalin. El lugar de la escalera lo ocupaba Trotski, excomulgado por el Termidor stalinista. El acto tiene pretensiones mágicas y la voluntad de abolir la historia. De ahí la importancia fundamental de los archivos de la memoria. De ahí la importancia fundamental de esta reunión. La pretensión de mutilar la memoria cívica de todos los días corrompe su salud y despeja el camino a nuevos autoritarismos.

El imperativo moral de la memoria colectiva tiene hoy más urgencia que nunca y no faltaron en la Argentina y en otros países quienes entendieron esto muy temprano y crearon y ordenaron personalmente, sin apoyo oficial alguno y movidos por su moral ciudadana, informaciones utilísimas que se pueden ver por Internet. Estos archivos contribuyen a deshacer las artimañas de los asesinos de la memoria, como ésas que pretenden que no hubo cámaras de gas y que el primer pueblo ocupado por el nazismo fue el pueblo alemán. Si queremos que la barbarie no se repita y pase al reino del nunca más, no deberían, creo, ser archivos mudos para la sociedad civil y viceversa: habría que acercar sus contenidos a sectores sociales y políticos en los que hay no poco a despejar todavía.

¿Y se podrá alguna vez despejar mentes en el estamento militar para que obedezcan a lo ético y opongan la desobediencia debida a órdenes criminales? El capitán de navío Juan Carlos Rolón, miembro de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires donde la marina desapareció a 5000 personas, declaró impávido: “Nos enseñaron que la tortura era una forma moral de combatir al enemigo”. Se recuerda el diálogo que Hannah Arendt sostuvo con un oficial nazi que admitió haber gaseado y enterrado a prisioneros con vida en el campo de concentración de Maidanek. La pregunta de la filósofa: “¿Se da cuenta de que los rusos lo van a colgar!”. La respuesta del nazi: “¿Por qué? ¿Yo qué hice?”.

Las dictaduras suprimen el testimonio de las víctimas, pero llevan sus propios archivos. En Auschwitz hay gruesos volúmenes que registran la muerte de los prisioneros gaseados. En la primera columna de cada página figuran el nombre, la edad y la nacionalidad de la víctima; en las dos restantes, hora y causa de la muerte. La hora es la misma a lo largo de páginas enteras, las 8.15, o las 8.30 o las 9.00 de la mañana. También se repite la causa de la muerte, “influenza” casi siempre. Este no es sólo un acto burocrático; sustituye la vida por una mentira de papel y muestra abismos de la condición humana. Se impone abrir esa clase de archivos. Pero ésta es una decisión de Estado y, lamentablemente, todavía hay gobiernos democráticos que no se atreven a disponer que se dé ese paso indispensable. Los familiares de los desaparecidos sólo conocen la dolorosa mitad del crimen. La otra yace oculta, custodiada por centinelas militares, policiales, eclesiásticos. Jacques Derrida habló del “mal de archivo”, pero ésos son los archivos del mal.

Que se me perdone la insistencia en subrayar la importancia de los testimonios orales, vehículos de una memoria que en ocasiones se transmite de generación en generación. Frente a Panamá –narra el periodista José María Pasquini Durán– hay una isla llamada San Blas en la que vive una etnia indígena. Una vez al año todos se reúnen y los ancianos cuentan a los jóvenes la historia de la etnia, que arranca del casamiento del Sol con la Luna, para que su memoria perdure. Los jóvenes comenzaron a emigrar y a quedarse en Panamá, pero mandan grabadoras a la isla para registrar el relato de los ancianos. Ahora la maravillosa historia que comienza con el Sol y la Luna está en casete y los jóvenes lo tienen en su casa entre los discos más recientes de pop norteamericano. Menciono esto porque en muchas sociedades del mundo no hay casete todavía.

En el año 1987 seguía yo exiliado en Francia y el diario recién nacido entonces para el que trabajo, Página/12, me pidió que cubriera el proceso a Klaus Barbie, el ex jefe de la Gestapo en Lyon, bautizado “El carnicero”. A una víctima que le detallaba sus crímenes, Barbie dijo: “Yo no me acuerdo de nada. Si se acuerdan ustedes, el problema es de ustedes”. Efectivamente: recordar y denunciar los crímenes contra la humanidad y exigir su castigo es un problema nuestro.

El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad.

La reciente condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la dictadura franquista, el pasado 17 de marzo de 2006, supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de los niños perdidos, hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen; pero también niños impunemente secuestrados en Francia, y otros países para su "reintegración a la patria", todavía en los cincuenta. Niños muchas veces buscados por sus hermanos y familiares durante décadas, pero que siguen desconociendo, aún hoy, su verdadera identidad al igual que en los casos de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, o del robo de niños aborígenes de las Stolen Generations en Australia.
Más allá del silencio por parte de la reciente ley "de la memoria" de 26 de diciembre de 2007, el presente estudio abordará la calificación jurídica de estas conductas como crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, en su modalidad agravada infantil, - su marcado carácter de género corno represalia, aún vigente, a toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia, o la injerencia en la vida privada y familiar de estas personas y en su derecho de educar a sus hijos conforme a sus creencias, por parte del naciona[catolicismo obligatorio, entre otras cuestiones de insospechada actualidad -, así como el análisis de los incumplidos deberes de España de: a) interrumpir la consumación permanente de estos crímenes revelando el paradero de los niños tomados en su día bajo la tutela del Estado, b) dar normal cumplimiento a las obligaciones internacionales de reparación e indemnización, en todas sus formas, a familiares y niños perdidos localizados, pero también a los familiares de los aún sin localizar por omisión de las funciones del Estado, y c) enjuiciar a todos los responsables de estos crímenes internacionales no prescritos en virtud del mismo legado de Nuremberg que, todavía hoy, continua llevando a los tribunales a los últimos fugitivos nazis.

Los Niños perdidos del franquismo,
de Miguel Ángel Rodríguez Arias.
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2008.

Leer Introducción del libro.

Índice de la obra.

Zaffaroni opina sobre el estado de las causas de justicia transicional